“Del milagro al estancamiento”

SÍNTESIS

Este ensayo tiene como fin cuestionar el entendimiento nacionalista de la economía mexicana a través de la historia. Pone en duda los supuestos beneficios de tener un gobierno intervencionista y protector; cuestiona la sustentabilidad de la política de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y desmitifica el proceso liberalizador de los años 80 y 90.

Las interrogantes que el trabajo plantea responderse son: ¿El rol del gobierno mexicano ha sido positivo o negativo en el desarrollo económico mexicano? ¿Es necesaria la intervención gubernamental, a partir del análisis histórico del caso mexicano, en el desarrollo económico? La tesis del trabajo indica que el gobierno se tiene que abocar a una única tarea importante, que es la de proteger los derechos de propiedad, siendo ésta una condición necesaria para el desarrollo económico (De Soto, 2001).

~ “La época dorada,” 1940 – 1970 ~

El México del periodo entre los 40-70 se visualiza ex post como una época en la que el modelo económico era ejemplar, teniéndose un crecimiento económico rápido a través de un estado activo que intervenía directamente en la economía y que protegía a los productores locales a través de aranceles ad valorem y controles cuantitativos.

A primera vista, los datos estadísticos muestran que a partir de los 50 y durante los siguientes veinte  años, la economía mexicana creció a un ritmo de 6.4 % anual, mientras que el PIB per capita lo hizo en 3.2 % (esto porque la población crecía más rápido que la economía). La población urbana aumentó al 58% de la población total , la tasa de inversión despego del 8.6 % al 20 % del PIB, el nivel de alfabetismo alcanzó el 76 % de la población en 1970, y la edad esperada de vida llego a los 61 años, mientras que la mortalidad infantil decreció a sólo 77 muertos por mil niños nacidos (Moreno-Brid y Ros, 2009). En resumen, estadísticamente esta etapa ha sido la mejor para México.

La pregunta sin embargo es ¿era un crecimiento sostenible a largo plazo? Podemos clasificar en dos grupos a los distintos autores que tienen una posible respuesta. A) aquellos que piensan que el modelo fue exitoso, pero término agotándose. B) aquellos que piensan que el modelo no se agotó, sino sucumbió ya sea por problemas políticos o por problemas externos. Este trabajo, como ya se mencionó en la introducción, se plantea una tercera respuesta, que indica que el modelo proteccionista estaba condenado al fracaso.

Proteccionismo

Primero hay que destacar que los años 40 fueron un periodo “anómalo” en tanto que el modelo económico de participación activa del gobierno no se había implementado. El auge inicial de la economía mexicana se puede explicar a través del contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, que hacía de México un país estable para la inversión y con posibilidades de producir para el extranjero.

Sin embargo, acabada la guerra las manufacturas mexicanas dejaron de ser demandadas en el extranjero, lo cual, ante un tipo de cambio fijo, presentó un problema en la balanza de pagos. Para esto, el gobierno empezó a implementar controles a las importaciones.

Esta política restrictiva derivó en una política proteccionista en forma, en la que la finalidad era resguardar a las industrias nacionales de la competencia extranjera. La tabla 1 muestra el desenvolvimiento del control cuantitativo de importaciones de 1956 a 1965 en distintos sectores, se puede observar que en lo general existió un considerable aumento en el nivel de protección a la industria mexicana.

La tabla 2 presenta las tarifas de protección efectivas (que muestran la protección en una industria tomando en cuenta la estructura de tarifas en insumos y productos), y las tarifas de protección implícitas (que miden el diferencial entre los precios domésticos y los precios de competidores internacionales) en 1960. Se puede observar que las industrias de bienes de consumo estaban sobreprotegidas, mientras que las industrias de bienes de producción carecían de una real protección.

He aquí el problema de este modelo económico. La idea es simple: las empresas de bienes de consumo necesitan insumos y capital barato para producir. Por lo tanto no se puede tener una política económica que proteja a la industria de bienes de capital sin que perjudique a la industria de bienes de consumo (pues la protección de una aumenta los costos de la otra).

Si al entramado tarifario, se le suma los controles cuantitativos, se tiene que: 1) las empresas de bienes de consumo estaban más que sobreprotegidas. 2) Existía una escasez en los bienes de capital, los cuales necesitaban ser baratos, pero dado la restricción al libre movimiento de capitales, no se podían importar en la cantidad necesaria.

Estas dos cuestiones se veían reflejadas en un problema recurrente en las economías protegidas: surgimiento de oligopolios ineficientes. Por lo tanto, en el largo plazo, el crecimiento económico estaba comprometido.

Gasto del gobierno

Complementando la protección arancelaria, el gobierno también instrumentó políticas de incentivos fiscales. Por ejemplo, en 1941 se implementó una ley que exentaba a las nuevas industrias del pago de impuestos por cinco años. Posteriormente en 1946 y 1955 se ampliaron y/o implementaron medidas fiscales similares. (Moreno-Brid y Ros, 2009).

A pesar del incremento en los gastos sociales, durante esta época la población más pobre se volvió más pobre. Los 4 deciles más pobres disminuyeron su participación en el ingreso en casi 4 %. A pesar de esto, la clase media sí aumentó (Moreno-Brid y Ros, 2009).

~ Decadencia, 1970 – 1982 ~

En el apartado anterior se concluyó que el modelo ISI era inoperable como modelo sustentable. Es en esta década que se hace evidente esta situación. Para evitar esta debacle, los gobiernos de Echeverría y López Portillo recurrieron al populismo político echándole la culpa al sector empresarial (sus acciones incluyen la masiva nacionalización de empresas, incluida una nacionalización bancaria por parte de JLP, ver la sección de Paradigmas dedicada a este tema) y adquiriendo préstamos internacionales para paliar en el corto plazo (si bien aumentando el problema en el largo) los problemas en la balanza de pagos. El descubrimiento de reservas petroleras resultó en un problema de “mal holandés” ( descrito en este artículo de Paradigmas) que exacerbó los problemas.

Algunos autores argumentan que el modelo ISI nunca se agotó, pero se vio afectado por los errores políticos del momento. La tesis de este trabajo cambia el sentido de la ecuación: el modelo era insostenible, y dada esta situación, los políticos del momento trataron de salvar al ISI como fuese posible, aun cuando ello  comprometiera el crecimiento y la estabilidad económica futura.

Confrontación Gobierno – Empresarios

En el gobierno de Echeverria se tenían 273 empresas nacionales, que se convirtieron en 1,155 para el mandato de López Portillo. Las empresas anteriormente protegidas estaban sucumbiendo, y el gobierno tenía que acudir a rescatarlas. Sin embargo este acto poco agradaba a la clase empresarial, antes protegida, y dejaba en evidencia el poco interés del gobierno en preservar los derechos de propiedad. Si a eso se le suma el populismo político, se puede entender la confrontación entre el sector empresarial y el gobierno.

A su vez, como se puede apreciar en la figura 1, el gobierno, para financiarse, se vio obligado a recurrir a la banca nacional, aumentando el encaje legal, lo que Haber denomina una “expropiación de facto” (Haber, 2006). El resultado de tal juego político resultó en la fuga de capitales.

Crisis

En 1976 se experimentó una primera crisis que obligó al gobierno a devaluar el peso en casi 100% para confrontar el creciente déficit comercial. La política ISI estaba resquebrajándose por sus debilidades estructurales. Sin embargo un inesperado suceso le dio un poco más de vida: Las reservas probadas de petróleo aumentaron de 6.3 mil millones de barriles a casi 40 mil barriles en 1978. Ante el escenario internacional de altos precios del petróleo, se logró retornar a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo a pesar de haberse visto lo fallido del modelo económico, se continuó y se radicalizó éste.

Los organismos internacionales, ante la situación petrolera, hicieron de México un país sujeto de crédito. El gobierno comenzó a endeudarse confiando en que sus reservas petroleras servirían como activo para poder pagarlas posteriormente. El déficit financiero del gobierno de México casi se duplicó de 1980 a 1981, alcanzando casi el 15 % del PIB. Mientras el déficit comercial hizo lo propio, alcanzando la cifra de casi 12.5 mil millones de dólares. Siendo la mayoría, deuda a corto plazo.

Tal situación ocasionó una crisis cambiaria de primera generación, en la que los especuladores al observar la vulnerabilidad de la economía mexicana, empezaron a sacar sus capitales del país. Ante tal situación, la política de JLP fue la de imponer controles más fuertes a la movilidad del capital, lo que produjo una mayor desconfianza en el gobierno.

A su vez, ante el aumento de las tasas de interés en EE.UU. (debido a la gran inflación en aquél país) la deuda externa de México se volvió insostenible. El gobierno suspendió sus pagos internacionales, le echó la culpa a los bancos de la crisis y los nacionalizó.

Tales hechos hicieron que la condición necesaria para la estabilidad económica se perdiera: la confianza. El gobierno había fallado en la tarea más importante: la preservación de los derechos de propiedad.

~ La década perdida, 1982 – 1994 ~

Al tomar el poder Miguel de la Madrid, se intentó aplicar una política ortodoxa para la recuperación, a través de políticas fiscales restrictivas. Sin embargo para 1985 la situación no había mejorado, la inflación seguía aumentando y el peso seguía depreciándose, por ende ese mismo año se empezaron a implementar políticas más heterodoxas (Ver este artículo en Paradigmas ). En 1986, en el contexto internacional, se dio un shock petrolero que hizo que los precios del barril disminuyeran drásticamente. Esto ocasionó que los ingresos del gobierno se redujeran y en general que el estado de la economía empeorara. En 1987 se implementó el Pacto de Solidaridad Económica, que instrumentó controles de precios y salarios, congelamiento del tipo de cambio nominal, una política fiscal y monetaria deflacionaria, reformas liberalizadoras del comercio, la industria, y políticas de privatización de empresas. El Pacto logró recuperar la estabilidad económica del país (Moreno-Brid y Ros, 2009).

A los ochentas se le llama la década perdida pues el crecimiento neto de la economía fue cero. Sin embargo el PIB per capita tuvo un decrecimiento del 15 %, y la desigualdad hizo lo propio, al crecer el índice de Gini de 0.43 en 1984 a 0.47 en 1989 (Moreno-Brid y Ros, 2009). Sin duda, las políticas de crecimiento rápido del pasado tuvieron un coste importante.

Se menciona que uno de los efectos indeseables de la recuperación económica, es que de ella surgió un estado poco intervencionista (que como efecto secundario tuvo el poco crecimiento económico). Sin embargo, el presente trabajo arguye que el mal desempeño de la economía no es causa de la falta de intervención pública, el origen se encuentra en que el gobierno ha seguido errando en su política de procuración de derechos de propiedad, lo que ha ocasionado que se limite el crédito y esto ha hecho que la inversión privada no se haya dinamizado lo suficiente.

Liberalización económica

Desde 1984 se empezaron a relajar los controles de importación; en 1986 se firmó el GATT y el gobierno se comprometió a suavizar más controles y rebajar las tarifas. En 1987, dentro de los acuerdos del Pacto, la tarifa promedio ponderada se ubicó en sólo 6.1 %. En 1989 se promulgó un decreto que permitía la entrada plena de la inversión extranjera en México para proyectos menores de 100 millones de dólares, y/o para proyectos que, bajo ciertas condiciones, proveyeran divisas extranjeras y promovieran el desarrollo regional.

El TLCAN entró en vigor en 1994. Canadá, México y EEUU se comprometieron a eliminar las tarifas y controles en el comercio interregional, a través de una desregulación progresiva que tardaría 10 años en completarse. Sin embargo, la mayor importancia del tratado fue la de codificar una serie de reglas que generaban certidumbre sobre el que el gobierno de México no volvería a violar la propiedad privada de los inversionistas (Tornell, Martinez y Westerman, 2004 ).

Sin embargo la liberalización no vino acompañada de reformas necesarias. México siguió (y sigue) teniendo severos problemas para la ejecución de contratos, lo que hace que sean muy difíciles y muy caros los acuerdos de crédito y préstamo. Por ejemplo: las disputas comerciales tardan hasta 30 meses en resolverse, los jueces poseen un salario muy bajo (1,000 dólares al mes promedio) lo cual incentiva la corrupción (los abogados en 14 de los 32 estados del país califican a los jueces con 1, la más baja calificación de imparcialidad) y se tienen pobres decisiones judiciales (Tornell, Martinez y Westerman, 2004 ).

Privatización

Se dieron dos procesos de privatización en México. El primero, que duro de 1983 a 1989, hacia énfasis en la necesidad del gobierno de liberar su gasto, para poder usarlo en programas y empresas de interés público. En palabras de Jesús Silva-Herzog Flores, el gobierno de JLP había heredado “hoteles, fábricas de bicicletas, empresas dedicadas a la producción de tela de mezclilla, incluso teníamos un cabaret, probablemente el único cabaret en el mundo que perdía dinero” (Silva-Herzog, 2004 ). Por lo tanto se redujo la cantidad de empresas públicas de 1155 a 310. La mayoría de las firmas vendidas fueron adquiridas por la iniciativa privada (84 %) y el resto fueron compradas por cooperativas (16 %). Sólo 7 % de los compradores fueron inversionistas extranjeros (Moreno-Brid y Ros, 2009).

Existió un segundo proceso, que empezó en 1989 y duró hasta mediados de 1992, durante el cual se argumentó que las empresas públicas eran en su mayoría ineficientes, y que las privatizaciones traerían beneficios a la economía en general. Sin embargo el discurso político enmascaraba las verdaderas intenciones del gobierno: Obtener liquidez inmediata para pagar deuda (véase tabla 3).

De tal manera que no existió un proceso o un plan verdadero de privatización; simplemente fue una subasta al mejor postor. La privatización de los bancos es el ejemplo claro de que el Gobierno buscaba obtener recursos a través de la maximización de su precio de venta. Al venderlos tal cual (De los 18 bancos que se vendían, cuatro concentraban el 70 % del total de activos bancarios) se aseguraba a los futuros compradores que obtendrían oligopolios (por lo tanto se hacían más atractivos). Más importante aún es la forma en que se organizó la venta, al decidir subastarlo en seis rondas, el gobierno aseguraba un “efecto cascada” en el que la competencia entre oferentes iría en aumento, lo cual efectivamente redundaba en un mayor precio final (Haber, 2006). La venta de los bancos reportó al gobierno casi el 58 % de los ingresos totales obtenidos por las privatizaciones (Moreno-Brid y Ros, 2009).

Boom y crisis crediticia

En los años 90 se dio un rápido incremento en la cantidad de créditos otorgados en México, nivel que no se ha vuelto a ver desde entonces (Véase figura 2). Tal boom fue propiciado por las políticas económicas de Salinas de Gortari, las cuales habían mantenido la inflación a raya, en las que intencionalmente se mantenía una tasa de interés alta y se sobrevaluaba el tipo de cambio del peso respecto al dólar. Tal accionar hacia económicamente viable que los bancos y empresas se endeudaran en dólares, a pesar de que sus ingresos fueran cubiertos en pesos.

A finales de 1994, cuando era obvio que el gobierno no podía seguir manteniendo el tipo de cambio sobrevaluado, los inversionistas tuvieron todo el incentivo para convertir sus depósitos a dólares y luego proceder a retirarlos, empeorando la situación. Las más afectadas fueron aquellas firmas que habían contraído deuda en dólares en tanto vieron aumentar sus deudas al doble en pocos días, debido a la depreciación acelerada de la moneda al dejársele flotar.

La crisis ha tenido un impacto duradero en la estructura crediticia en México: Se inició una cultura del no pago, que se vio apoyada por el gobierno. Esto logró que los bancos se volvieran adversos al riesgo, lo cual repercutió en créditos más restringidos y dado su mayor riesgo, también más caros. A su vez, el rescate bancario del gobierno (en el que el gobierno intercambió la cartera vencida de los bancos por bonos del tesoro), que ex ante sirvió para alentar los excesos bancarios por el riesgo moral, ex postlogró que el interés generado por estos bonos fuera mayor al radio de riesgo/ganancia que se pudiera obtener del negocio de otorgar créditos (Tornell, Martinez y Westerman, 2004 ).

Para el 2003, en México el crédito bancario como porcentaje de PIB era apenas del 14 %, mientras que en un país típico de la OCDE el porcentaje es de casi el 100%. Como comparativo, en perspectiva histórica, en 1991 para México dicho radio era del 24 %. (Haber, 2006)

~ Conclusiones ~

En este trabajo se analizó empíricamente la economía mexicana desde los años 40 hasta finales de los 90. Se puede observar que el periodo denominado “época dorada” en el que se creció a ritmos altos, estaba destinado a fracasar, puesto que existían inconsistencias entre intrumentos y objetivos. Esto es, que al intentar proteger a las empresas nacionales productoras de bienes de consumo, se tenía que incentivar la importación de bienes de capital baratos. Sin embargo dado el control cuantitativo, se generaba una escasez de estos bienes, lo cual hacia que sólo un puñado de empresas pudiera obtenerlos, favoreciendo con ello la formación de oligopolios. A su vez existía una sobreprotección a las empresas, la cual incentivaba la ineficiencia. Tal situación hacia que el ritmo de crecimiento fuese insostenible.

Durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo se intentó proseguir con este modelo económico a través de políticas aún más radicales. En 1976 se dio el primer aviso de crisis, sin embargo al encontrarse reservas petroleras, la situación en el corto plazo se pudo componer. No así en el largo, puesto que la estructura económica seguía intacta. Esto llevó a una severa crisis en la balanza de pagos en 1982. El gobierno de De la Madrid tuvo que aplicar medidas de congelamiento de precios, políticas deflacionarias y reformas liberalizadoras para poder estabilizar a la economía. Sin embargo el daño quedó constatado en tanto que fue una década de crecimiento nulo.

La concepción tradicional es que la falta de crecimiento se debe a estas reformas liberalizadoras y a la consecuente disminución en la inversión pública en la economía. El énfasis de este texto es explicar la problemática en relación a la falta de inversión privada como requisito necesario para el crecimiento. ¿Por qué la inversión privada no crece? Por la escaza profundidad de nuestro sistema financiero. Siendo este un problema, como hemos visto, inducido por el propia gobierno – en tanto su constate intervención en dicho mercado- y que ha sido impulsado tanto por la falta de seguridad de que los prestatarios puedan pagar (lo cual es en sí un problema de falta de seguridad jurídica, es decir una falla del gobierno) y por los beneficios dados a la bancos mediante el rescate bancario (les ha permitido relajar el negocio del préstamo, pues ya poseen una fuente de recursos segura en los pagos del gobierno).

Autor: Fernando Arteaga.
FUENTE: http://www.paradigmas.mx/del-milagro-al-estancamiento-breve-ensayo-sobre-la-economia-mexicana-1940-2000/

Publicado por: Daniela Isabel Cortes Velasco